Asamblea revela gastos millonarios durante presidencia de Rivadeneira

En el periodo 2013-2017 se destinaron más de $ 9 millones por concepto de difusión e información; se publicitaron los beneficios de las leyes aprobadas. También se realizó una campaña a favor de las enmiendas constitucionales. La Asamblea Nacional ha gastado millones de dólares para difundir e informar sobre sus tareas. La administración que ocupa el primer lugar por costos en esos rubros es la de Gabriela Rivadeneira, ex-Alianza PAIS (AP), hoy Revolución Ciudadana, con un total de $ 9’879.915, 08. Ella estuvo a la cabeza del Parlamento por dos períodos comprendidos entre el 2013 y el 2017. Mientras que del 14 de mayo de 2017 al 8 de marzo de 2018, durante la presidencia de José Serrano, de AP, el costo fue de $ 468.303, 33. En la administración de Elizabeth Cabezas, de AP, quien está en el cargo desde el 15 de marzo de 2018, la cifra es de $ 299.040, según señala la información del portal web de la Asamblea. En la presidencia de Gabriela Rivadeneira se efectuaron en total ocho contratos por montos que oscilan entre los $ 249.393,31 y los $ 933.840,41. Ninguno de ellos fue puesto en el portal del Sistema de Compras Públicas, sino que fueron por régimen especial. Es decir, que hubo contratación directa con las empresas. La difusión e información se realizó en medios televisivos, radiales, impresos y alternativos.


Los temas que se publicitaron fueron los beneficios de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el período comprendido entre 2013-2017; o las campañas de los parlamentos de América, que fomentan la participación ciudadana para avanzar en la equidad, o la de los diálogos por la justicia social. También se contrató la producción de documentales y memoria visual para mostrar la creación de leyes que benefician a la ciudadanía y la gestión del Legislativo. Llama la atención la campaña sobre las enmiendas constitucionales que aprobó el gobierno de Rafael Correa, en el año 2015. ¿Por qué? Es la más costosa de todas, casi un millón de dólares, para difundir las “bondades” de esas modificaciones a la Carta Política. Estos cambios incluyeron la comunicación como un servicio público, actualmente derogada con la aprobación a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Las agencias a las que se adjudicaron esos contratos se repiten. Por ejemplo, Publiaxion tiene tres y PGV Publicidad dos. Para el asambleísta Raúl Tello, del Movimiento Unidos por Pastaza y miembro del Bloque de Integración Nacional (BIN), la mayoría de ecuatorianos “está pagando el despilfarro de la década correísta”.

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